El espíritu de las leyes se publicó en Ginebra, en 1748,al cabo de veinte años de elaboración. El Libro XI se titula “De la libertad con relación a la constitución”. Su capítulo 6 está dedicado a la constitución de Inglaterra, país que Montesquieu visitó entre noviembre de 1729 y abril de 1731. La redacción inicial de este capítulo, al que seguidamente nos referiremos, suele datarse en torno a 1734.
Un primer interrogante suscita su lectura. ¿Qué Inglaterra describe Montesquieu? ¿La que conoció in situ o aquella cuya libertad prefirió describir de manera imprecisa conformándose con verla “establecida por sus leyes” sin buscar “nada más”?
Recordemos que para Montesquieu una constitución es libre cuando, “por la disposición de las cosas, el poder frena al poder”. En otras palabras, como se afirma al comienzo del Libro XII, cuando existe “cierta distribución de los tres poderes” destinada a evitar que uno de ellos usurpe las atribuciones de otro.
Los tres poderes son: “el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de aquellas que dependen del derecho civil”. Nótese el uso amplio que hace Montesquieu del término ejecutivo, que comprende dos funciones distintas. Por eso, a continuación, aclara: “Llamaremos a este último poder de juzgar y al otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado”.
Sin embargo, de los tres poderes “no quedan más que dos”, a saber: el legislativo y el ejecutivo que representan, respectivamente, “la voluntad general del Estado” y “la ejecución de esta voluntad general”. “Estos tres poderes [Montesquieu dice aquí “tres” porque cuenta las dos cámaras del legislativo] deberían permanecer en reposo o en inacción. Pero, como el movimiento necesario de las cosas los obliga a actuar, se verán forzados a hacerlo concertadamente”.
Parece confuso, pero no lo es. Hay tres poderes (Montesquieu emplea indistintamente los términos pouvoirs y puissances) que son, reiteremos, el legislativo, el ejecutivo y el de juzgar. Sin embargo, il n’en reste que deux. ¿Por qué? Porque el poder de juzgar, al no estar atado a un estado o profesión y ser ejercido por gentes del pueblo convocadas temporalmente para constituir un jurado, se vuelve, “por así decirlo, invisible y nulo”[1].
Lo cual no quiere decir que Montesquieu no valorara su independencia. En efecto, pensaba que, unido al legislativo, “el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería legislador”. Asimismo, unido al ejecutivo, “el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Finalmente, tampoco habría libertad si la misma persona o cuerpo concentrara el poder legislativo y el ejecutivo, pues en ese caso una u otro podrían dictar “leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente”. En síntesis, “todo estaría perdido”, señala Montesquieu, si los tres poderes (“el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares”) estuvieran reunidos.
¿Cómo se equilibran estos poderes? De manera asimétrica. El ejecutivo frena las aspiraciones del legislativo sin que este cuente recíprocamente con una facultad equivalente, pues la ejecución está limitada de suyo –“por su naturaleza”– dado que actúa siempre “sobre cosas momentáneas”. Dicho de otro modo, el ejecutivo participa en la legislación por su facultad de impedir (empêcher o también arrêter) pero no cuenta con facultad de estatuir (statuer), es decir, de legislar por sí mismo, ni puede entrar “en el debate de los asuntos”.
En cambio, el legislativo tiene derecho a “examinar [examiner] de qué manera las leyes que ha promulgado son ejecutadas”, pero sin poder pronunciarse sobre la persona de quien ejecuta o removerla a voluntad, lo que daría lugar a “una república no libre”. Al interior de este poder, una cámara puede oponerse a las iniciativas de la otra y viceversa, aun cuando, en materia fiscal, los lores solo pueden participar en la legislación por su facultad de impedir, pero nunca de estatuir, reservada exclusivamente a los representantes del pueblo.
A partir de ahí, cabe discutir la veracidad histórica del argumento. Por ejemplo, el hecho de que Montesquieu valore especialmente la facultad ejecutiva de impedir las iniciativas del legislativo, sin la cual este sería “despótico”. Es cierto que se trataba de una prerrogativa vigente, pero la última en denegar el asentimiento real había sido Ana, en 1708, cuando rechazó la creación de una milicia escocesa en defensa del nuevo reino de Gran Bretaña.
Por otro lado, Montesquieu omite toda referencia al papel desempeñado por el líder whig Robert Walpole, por entonces Primer Lord del Tesoro, cuya autoridad provenía formalmente de la Corona, aunque en la práctica obrara como un primer ministro (cargo que se institucionalizó a comienzos del siglo XX). ¿Acaso creyó que lo que más tarde se conocería como un régimen de gabinete conspiraría contra el equilibrio de poderes que retrató?
No es motivo de esta nota preguntarse si Montesquieu podía ignorar estas y otras circunstancias, o si debemos dar la razón a Isaiah Berlin cuando escribe que la doctrina de la separación de poderes de Montesquieu es un “entusiasta pero equivocado tributo al sistema que tan falsamente imaginó prevaleciente en Inglaterra”.
La intención, en cambio, es solo subrayar que los poderes que se equilibran en Montesquieu son el legislativo (con sus deux parties) y el ejecutivo. Dos poderes ligados entre sí por sus respectivas facultades —desigualmente distribuidas— de estatuir, impedir y examinar, y obligados, por tanto, a cierta cooperación para evitar que uno prevalezca sobre el otro o que ambos terminen neutralizándose mutuamente.
Además, conviene recordar que su lectura de Inglaterra no se agota en el equilibrio institucional descripto en el capítulo 6 del Libro XI. Antes bien, se completa en el capítulo 27 del libro XIX, donde Montesquieu muestra el equilibrio social resultante de “las costumbres, las maneras y el carácter” de esa nación.
En otro lugar me he extendido al respecto. Basta con recordar que se trata de un capítulo fundamental no solo para corroborar la “gran conexión” que Montesquieu observa entre las instituciones y un conjunto de cualidades inglesas, sino también para ver esbozada allí una llamativa teoría de la alternancia entre fuerzas políticas.
Referencias
Aguilar, E. (2026). “Un texto enigmático: a propósito del capítulo 27 del libro XIX de El espíritu de las leyes”. Libertas. Segunda Época, volumen 11, número 2. Disponible en https://journallibertas.com/articulos/2026/11.2_1.Aguilar.pdf
Berlin, I. (1979, 1992). “Montesquieu”. En Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas. México: Fondo de Cultura Económica.
Montesquieu (1869). L’esprit des lois. Paris: Garnier Frères. Conservo esta edición como un bien preciado. Todas las citas son de mi traducción.
[1] De todos modos, si para Montesquieu los jurados duran el tiempo “que la necesidad lo requiere”, las sentencias, una vez pronunciado el veredicto, deben ser fijas, determinadas por “el texto preciso de la ley” y no por la opinión particular de los jueces. Estos son “el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor”.
