Una puerta que nadie puede cruzar
En El ángel exterminador (1962), Luis Buñuel imagina una situación absurda y, al mismo tiempo, inquietantemente familiar. Después de asistir a una función de ópera, un grupo de burgueses se reúne a cenar en una mansión. La velada transcurre con aparente normalidad hasta que, llegada la hora de marcharse, los invitados descubren que ninguno de ellos consigue abandonar el salón.
No hay puertas cerradas, barrotes ni una fuerza visible que los retenga. Tampoco existe una explicación racional del encierro: simplemente, aun teniendo la salida delante de ellos, nadie logra atravesarla. Las horas se convierten en días, comienzan a escasear el agua y los alimentos, y las convenciones sociales que organizaban la convivencia se deterioran progresivamente. La cortesía, las jerarquías y los modales que caracterizaban al grupo empiezan a ceder frente al miedo, el conflicto y la necesidad. El encierro revela así algo más profundo que una simple imposibilidad física: la incapacidad colectiva de romper una situación que todos reconocen como absurda y perjudicial, pero de la cual ninguno parece capaz de escapar.
La analogía con el estado de cosas en la Argentina no debe reducirse a una interpretación simplificada en la que su sociedad es inconsciente de la finitud de sus recursos y solo se ocupa de “comer hasta que se agoten”. Sin embargo, la escena nos invita a pensar cuál fue el momento en que la Argentina se vio cercada e imposibilitada para salir de allí.
En su libro La excepcionalidad argentina. Del apogeo al subdesarrollo sustentable, Vicente Massot se pregunta cómo pudo una sociedad que durante aproximadamente un siglo acumuló éxitos extraordinarios pasar después a una prolongada historia de retrocesos relativos. La pregunta es sugerente porque rechaza dos explicaciones fáciles: que la Argentina estaba predestinada al éxito por sus recursos o que estaba condenada al fracaso por algún defecto originario de la colonia española, la cultura nacional o la composición social.
Es, en efecto, eso lo que lleva al politólogo Vicente Massot a utilizar la excepcionalidad como adjetivo: no significa excelencia, sino una recurrente tendencia hacia lo anormal. Dicha excepcionalidad se expresó en dos tiempos: primero, como un vertiginoso ascenso económico y social y, luego, como un estrepitoso estancamiento económico acompañado por inestabilidad política.
El primer episodio transcurre desde la Revolución hasta mediados del siglo pasado. Comienza con el reclamo de independencia antes de la existencia de un Estado y continúa con el protagonismo del “Leviatán criollo”, Juan Manuel de Rosas, a quien, según Massot, conviene juzgar menos por su pureza ideológica o moral que por su capacidad para responder al principal problema de su época: ¿cómo impedir que la independencia derivara en fragmentación? La referencia hobbesiana es clara: antes de discutir la calidad institucional del régimen, era necesario consolidar un poder capaz de imponer orden, soberanía y obediencia. Rosas habría contribuido precisamente a preservar esa unidad política sobre la que luego pudo construirse el Estado constitucional.
Tras Caseros se produce la transformación decisiva. La Constitución de 1853 da forma jurídica al nuevo orden; Alberdi aporta buena parte de su arquitectura intelectual, mientras Sarmiento y Avellaneda encarnan especialmente el proyecto educativo. La consolidación del poder nacional durante el período conservador termina así de resolver la cuestión de la autoridad política. Pero no se trata de un Estado basado en un laissez-faire pasivo: interviene activamente allí donde considera necesario construir las condiciones del desarrollo, desde la tierra, la inmigración y la educación hasta la infraestructura, las reglas institucionales y la inserción en el mercado internacional.
Nada de esto elimina los límites de aquella experiencia. En la propia reconstrucción de Massot quedan en segundo plano problemas como la distribución de la tierra, las condiciones laborales, los conflictos sociales, los pueblos originarios o la desigualdad política previa a la Ley Sáenz Peña.
Ahora bien, ¿cuándo comienza nuestra segunda excepcionalidad? Massot sitúa aquel punto de inflexión aproximadamente a mediados del siglo XX. Eso, empero, no significa que debamos apresurarnos a suponer que nos está queriendo decir algo así como: “La Argentina funcionaba perfectamente hasta 1945; llegó Perón y destruyó todo”.
En verdad, esa lectura establecería una distancia demasiado tajante entre una Argentina vigorosa y otra decadente. Es cierto que puede sostenerse observando algunos indicadores, como el crecimiento económico o el fortalecimiento estatal e institucional. Pero aceptar sin más esa interpretación sería también una manera sutil de colocar la democratización y la integración social entre las secuelas de la decadencia argentina.
En verdad, Massot sitúa hacia mediados del siglo XX un cambio de rumbo que asocia al deterioro institucional, la expansión del estatismo y una transformación de la cultura política y económica. Estos mecanismos serían, a su vez, manifestaciones de una transformación más profunda: el pasaje de un país caracterizado por una cultura del esfuerzo asociada a la movilidad social hacia una posterior cultura del reclamo.
El resto es historia. Tras el derrocamiento de Perón en 1955 se abrió un ciclo de proscripción, gobiernos civiles débiles y dictaduras militares. Para el período 1958-1973, se puede conceptualizar esa incapacidad de construir una hegemonía estable como un “empate hegemónico”. En ese sentido, alguien podría apresurar una conclusión: el peronismo habría traído consigo ciertos vicios políticos que, sumados a la inestabilidad imperante, no permitieron consolidar una economía estable. Sin embargo, hoy podemos estar seguros de que el problema no era tan sencillo.
Una democracia que aprendió a durar
Desde 1983, por primera vez desde el golpe de 1930, las crisis políticas dejaron de desembocar en interrupciones militares del orden constitucional. Alfonsín no completó su mandato en el tiempo formalmente previsto. De la Rúa renunció. Hubo hiperinflación. En diciembre de 2001 hubo protestas masivas. Hubo alternancias intensas. Pero nadie sustituyó la democracia electoral por otro principio de legitimidad.
Se inauguró lo que Natalio Botana, en su obra La experiencia democrática. Cuarenta años de luces y sombras. Argentina 1983-2023, denominó “una democracia con voluntad de durar”. Ello no significa que no hubiera descontento. Como señala Botana, los argentinos aceptaron progresivamente que los gobiernos fueran elegidos mediante elecciones competitivas pero, simultáneamente, se deterioró la confianza en el Congreso, la Justicia, los partidos y la administración pública.
La democracia electoral no coincidió necesariamente con la democracia institucional. Nuestro país logró restaurar la constitución política, pero el crítico “Estado a medio hacer” y nuestra característica “democracia con déficit republicano” dejaron como tareas pendientes una constitución económica y una constitución moral. Por un lado, reglas que hagan posible una economía sostenible (moneda confiable, equilibrio fiscal intertemporal, respeto de los contratos, capacidad de recaudar y capacidad de financiar bienes públicos); por el otro, normas compartidas que limiten las conductas incluso cuando jurídicamente sea posible intentar sortearlas.
Entonces, nuevamente, sería difícil decir que el peronismo haya sido simplemente el culpable de la decadencia. En ese sentido, el texto de Halperín Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista, nos invita a retroceder todavía más en el tiempo: hasta la Ley Sáenz Peña.
Desde entonces comienza a hacerse visible la incapacidad de los adversarios políticos para reconocerse recíprocamente como legítimos. La democracia electoral se inaugura, pero los actores no interiorizan completamente sus reglas. Los radicales llegan al poder convencidos de representar a la Nación frente al “régimen”. Sus adversarios conservadores, a su vez, no terminan de considerar legítimo al radicalismo gobernante. Por eso no yerra Halperín Donghi cuando interpreta el golpe de 1930 no tanto como la aparición de un problema completamente nuevo, sino como la cristalización de una fragilidad anterior de la institucionalización democrática.
El radicalismo se volvió, además, prisionero de su propio origen. El lenguaje que había utilizado para combatir al régimen conservador, y que le había proporcionado gran parte de su fuerza política, también coartó su imaginación a la hora de intentar convertirse en representante de las nuevas demandas de una sociedad cada vez más compleja, atravesada por nuevas clases, urbanización e industrialización.
Es en ese escenario donde el peronismo encuentra su lugar.
El peronismo resolvió un problema real de representación social. Durante las décadas previas, los trabajadores habían incrementado su presencia económica y política. Con el peronismo obtuvieron mayor participación en el ingreso, reconocimiento sindical, derechos laborales, organización, protección social y una posición política inédita. En términos compatibles con la reinterpretación de Murmis y Portantiero en Estudios sobre los orígenes del peronismo, Perón no inventó desde cero a los trabajadores, sino que convirtió una transformación social en una nueva relación entre sociedad y política.
Esta nueva relación dio lugar a una verdadera sociedad peronista, caracterizada por una industrialización orientada al mercado interno, trabajadores urbanos organizados, sindicatos muy poderosos, protección estatal, empresarios dependientes en distinto grado del Estado, intervención pública y una centralidad política inédita de las clases populares.
Ese hecho no se agotó con Perón como presidente ni con el justicialismo en el poder, sino que permaneció más allá de su creador. Tras el golpe de 1955 pudieron prohibir su nombre, su movimiento y modificar su política económica, pero no pudieron abolir la sociedad que había visto la luz después de 1945.
Sin embargo, la dificultad para destruir la sociedad peronista no significa que esta no haya entrado en una larga agonía. Ello es distinto de decir que está muriendo. Tras más de tres cuartos de siglo, las condiciones económicas que permitieron sostenerla se han transformado sin que el sistema político y económico haya acompañado necesariamente ese cambio.
“Lo viejo funciona” es la frase que se hizo famosa en la reciente serie argentina El Eternauta. Sin embargo, esa frase resulta algo más romántica que realista cuando se la traslada a la política y la economía: lo viejo ya no funciona necesariamente, pero los actores que viven dentro de lo viejo conservan suficiente poder para impedir que sea reemplazado con facilidad. Al mismo tiempo, quienes comienzan a acumular poder para avanzar hacia lo nuevo no terminan de explicar qué hay de superior en sus novedades.
¿Por qué detenerse en el peronismo?
Una objeción posible a estas lecturas es que la identificación de las causas del estancamiento argentino muestra una tendencia excesivamente “peronista-céntrica”. Si hablamos de fracaso, corresponde preguntarnos también: ¿qué lugar ocupan las sucesivas dictaduras? ¿Qué ocurre con los nuevos peronismos? ¿Y con las experiencias de reformas promercado de Macri y Milei?
La buena noticia para nuestros compañeros peronistas es que, efectivamente, el peronismo importa. Pero importa porque cambió estructuralmente el problema argentino, no porque explique por sí solo el estancamiento. Modificó de manera duradera la relación entre trabajo, Estado, distribución y ciudadanía social. Desde entonces, cualquier estrategia de desarrollo tiene que operar sobre esa nueva estructura de derechos, expectativas y coaliciones.
La lectura según la cual “el peronismo prometió lo imposible” es demasiado simple. La integración existió y produjo beneficios reales. El problema es que esas conquistas necesitaban una arquitectura productiva y fiscal que las acompañara en el tiempo. Eso no cambia el hecho de que la responsabilidad por la ausencia de esa arquitectura sea, en definitiva, compartida.
Entonces aparece una pregunta más interesante que preguntarnos simplemente cuándo y por qué la Argentina comenzó a estancarse económicamente:
¿Por qué la Argentina no consiguió hacer compatible la integración social con la acumulación sostenida, la productividad y el crecimiento?
El problema no es solamente el tamaño del Estado
La discusión respecto del tamaño del Estado es frecuente. Sin embargo, cuando miramos por el retrovisor, el problema de fondo no es “Estado grande o Estado chico”. La cuestión central es si una sociedad puede ampliar derechos, protección e integración sin construir al mismo tiempo la base productiva, fiscal e institucional que permita sostenerlos.
Esta precaución metodológica nos permite evitar objeciones poco precisas respecto de los diversos procesos argentinos. Algunas, de carácter psicológico, suelen atribuir alguna forma de maldad o mala intención a los actores. Otras, políticas, critican alternativamente que determinados gobiernos “se quedaron cortos” o que “se les fue la mano”.
Por mi parte, sostengo que los derechos sociales no son necesariamente un obstáculo para el desarrollo. La educación, la salud, la infraestructura, las políticas de cuidado y la seguridad social pueden aumentar el capital humano, la productividad y la participación laboral. Por eso sería demasiado simple afirmar: “primero crecer y después distribuir”.
Pero tampoco toda expansión social se autofinancia. Cuando los compromisos permanentes crecen más rápido que la productividad, la base tributaria y la capacidad estatal, aparece una brecha entre aquello que la sociedad promete y aquello que materialmente puede reproducir.
La comparación con los países nórdicos resulta pertinente. Un gasto público elevado puede convivir con el crecimiento cuando descansa sobre alta productividad, mucho capital por trabajador, formalidad, capacidad administrativa y una base tributaria amplia. La misma presión fiscal puede resultar mucho más distorsiva en una economía caracterizada por baja productividad, informalidad y escasa acumulación.
Por eso no importa solamente cuánto gasta el Estado, sino también cómo recauda y en qué gasta. Un Estado que transforma impuestos en educación eficaz, infraestructura y capital humano puede ampliar la capacidad productiva; uno que financia desequilibrios permanentes puede terminar erosionando su propia base fiscal.
Esto permite formular dos circuitos opuestos. Uno virtuoso:
productividad → buenos salarios → mayor recaudación → mejores bienes públicos → más productividad.
Y otro perverso:
baja inversión → baja productividad → base fiscal pequeña → mayor presión sobre los sectores formales → evasión e informalidad → todavía menor capacidad estatal.
Ahora sí podemos volver a la filmografía de Buñuel.
Para la Argentina, al igual que para los personajes de El ángel exterminador, la puerta está ahí, pero no se cruza. No necesariamente porque la sociedad desconozca las restricciones o las reformas posibles. El problema es que cada salida altera derechos, intereses y equilibrios que distintos actores buscan preservar. El encierro es, en buena medida, endógeno.
La pregunta es cómo cruzar la puerta sin destruir aquello que justamente queremos conservar.
Lo que para los burgueses de El ángel exterminador eran la abundancia, las formas y los símbolos, para nosotros son los derechos adquiridos, la integración social y la movilidad social ascendente.
En ese sentido, aunque como proceso todavía inconcluso, el gobierno de Javier Milei trae consigo algunas novedades, entre ellas la insistencia permanente en el equilibrio fiscal. Aun así, según los términos en los que se desarrolla el debate, parece volver a discutirse dentro de la misma gramática a la que venimos refiriéndonos: más o menos Estado.
Pareciera que los argentinos siempre nos vemos obligados a elegir entre desmantelar la integración social para crecer o conservarla exactamente en las formas históricas que adquirió y permanecer estancados. Sin embargo, la dicotomía es engañosa y políticamente conveniente: tanto para quienes imaginan una Argentina que debería permanecer tal cual estaba como para quienes desmantelan el Estado bajo la premisa de que no existe otra alternativa.
A mi juicio, el eje de la discusión debe ser otro.
Es necesario cambiar la forma en que se financia y reproduce la integración social. Hay que dejar de financiar derechos permanentes con recursos transitorios. Un gasto estructural necesita una fuente fiscal estructural. Cuando la diferencia termina sistemáticamente en emisión, deuda o impuestos de emergencia, la propia inestabilidad deteriora aquello que se pretende proteger.
También es necesario cambiar la composición de la recaudación. El problema no es únicamente cuánto se cobra, sino qué actividades se gravan. Por ejemplo, según el Estudio Económico de Argentina de la OCDE de 2025, el país presenta una estructura tributaria compleja, con impuestos que afectan las decisiones de inversión y formalización y una elevada carga sobre el empleo formal. La cuestión sería ampliar las bases y reducir aquellos gravámenes que castigan especialmente la acumulación y la formalización, no simplemente bajar impuestos.
Por otro lado, es necesario modificar la composición del gasto social y distinguir entre el gasto orientado principalmente a sostener ingresos y consumo corriente y aquel que, además, aumenta de manera más directa la capacidad futura: primera infancia, nutrición, educación efectiva, capacitación, salud e infraestructura.
Además, hay que romper la trampa de la informalidad. Si cada vez menos trabajadores y empresas financian formalmente una estructura de protección cada vez mayor, aparece un problema de retroalimentación. Es preciso ampliar la base contributiva.
Y aquí aparece una cuestión que, por la recurrencia del debate, resulta incómoda, pero sobre la que es necesario insistir. Me refiero a la necesidad de una regla política según la cual cada nuevo beneficio permanente debería obligarnos a responder tres preguntas: quién lo financia, mediante qué aumento de productividad o de ingresos fiscales puede sostenerse y qué ocurre con él durante una recesión. Y, simétricamente, toda reforma que pretenda reducir el gasto debería responder qué sucede con quienes soportan sus costos de transición.
Sostengo, entonces, que el desafío argentino no consiste en decidir entre la sociedad integrada que alguna vez logró construir y la economía productiva que nunca terminó de consolidar. Consiste, precisamente, en dejar de tratarlas como alternativas excluyentes.
Cruzar la puerta supone comprender que ninguna de las dos puede sobrevivir mucho tiempo sin la otra.
