En enero de 2026, un documental estrenado en el Festival de Sundance puso en circulación pública una palabra que hasta entonces habitaba en los márgenes de los foros digitales: The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist. El término contrae «apocalipsis» y «optimismo»: designa a quien sostiene a la vez un diagnóstico grave sobre el rumbo de la transformación tecnológica y la convicción de que todavía hay desenlaces favorables posibles. Lo notable no es la película, sino que la palabra ya existía: surgió como autodenominación en debates de 2010 y llegó al periodismo en 2014, cuando el economista británico Andrew Simms aclaró en The Guardian que lo habían catalogado así sin que él conociera el término. La necesidad de nombrar la actitud precedió a su formulación teórica.
Conviene separar dos dimensiones que la etiqueta puede confundir. Existe un apocaloptimismo débil, que funciona como mera disposición anímica: pesimismo sobre el curso inmediato, optimismo sobre el destino final. Y existe un apocaloptimismo fuerte, que añade una tesis práctica: el resultado favorable no está garantizado ni deviene mecánicamente, sino que depende de intervención deliberada, coordinación, prudencia e instituciones. La primera versión apenas consuela; la segunda obliga a una toma de posición. Sin embargo, sólo esta última resiste la objeción más seria que se ha formulado —que la expectativa de un desenlace aceptable funcione como coartada para la inacción—, porque una esperanza condicional es más condicionamiento que esperanza real.
Queda en pie un reparo mayor: juntar dos conceptos enfrentados no demuestra que las posiciones que nombran sean simétricas. Tratar como equivalentes una hipótesis catastrófica y una expectativa beneficiosa, sin evaluar evidencias, plazos ni tipos de daño, responde a una nueva decoración de la misma “supernarrativa de las IAs”. Este debate no puede dirimirse en el terreno de escenarios futuribles ni de las curvas de aceleración computacional, sino en el de la sobriedad ontológica. La inteligencia artificial es un sistema sociotécnico que exige un gobierno con control humano estricto —Human-in-Command—, y esa exigencia no se deduce de ningún dogma o profecía; es decisión de personas.
Ahí es donde la carta encíclica Magnifica Humanitas resulta más útil de lo que suele suponerse: no viene a poner paño de piedad sobre el debate tecnológico, viene a discutir el fundamento mismo. León XIV introduce un verbo que el debate global haría bien en adoptar: «Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es sólo militar sino económica y cognitiva» (MH, n. 110). Desarmar no es renunciar a la tecnología ni destruirla: es romper la equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar, y hacerla discutible, refutable y por tanto, humanamente habitable.
El adjetivo no es retórico. Lo que en la jerga del sector se llama «supremacía digital» no designa la llegada de una epistemológicamente dudosa superinteligencia, sino algo más prosaico e inmediato: la posición dominante que alcanza una corporación, un conglomerado o un país cuando dispone de una capacidad en IA que sus rivales no poseen, y el desbalance de fuerzas que esa brecha introduce en todos los órdenes de una sociedad informatizada. Superinteligencia y singularidad pertenecen al repertorio de los futuribles; la supremacía, en cambio, se disputa en el presente, con capital, talento, chips, datos y energía. Es una carrera industrial que acelera el ciclo de despliegue y, con él, tanto el impacto económico esperado como la superficie de riesgo geopolítico.
La comparación con las grandes competencias del siglo XX resulta tan inevitable como engañosa. En la carrera nuclear y en la espacial claramente competían Estados; en ésta también compiten megacorporaciones cuya escala económica supera el producto de más de un país y cuya capilaridad no tiene precedentes, porque su producción habilita a decenas de millones de integradores y a cientos de millones de usuarios. Las potencias de la Guerra Fría pudieron influir sobre la prensa y la opinión pública pero no eran dueñas del dispositivo en cada hogar ni del teléfono en cada mano, ni de las aplicaciones por las que se informa a diario a la población sobre el rumbo de la tecnología que esos mismos actores desarrollan. Cuando el competidor fabrica el instrumento y a la vez narra su promesa, la frontera entre diagnóstico y propaganda de producto se vuelve difícil de trazar: buena parte de lo que circula como pronóstico —apocalíptico u optimista— lleva la marca de intereses conjuntos o contrapuestos de quienes gobiernan estos programas a escala mundial.
La estructura del poder es visible. La ventaja ya no la define la elegancia algorítmica sino el acceso al cómputo masivo y la integración vertical: unos pocos laboratorios asociados a las grandes nubes dominan los modelos de frontera; otros liberan modelos de pesos abiertos para erosionar el foso defensivo del rival —táctica de negocio, no altruismo académico—; y un fabricante de procesadores gráficos opera como el vendedor de picos y palas de esta fiebre del oro, con una influencia desproporcionada sobre el ritmo de la innovación global. El costo de entrenar un modelo de frontera, del orden de cientos de millones de dólares, concentró el poder en la costa oeste de los Estados Unidos y en la cadena asiática de semiconductores, y dejó a la academia tradicional y a naciones enteras en posición de cliente(lismo). Washington recurre a los controles de exportación de chips para frenar a China; la Unión Europea procura, con su AI Act en actual revisión, en erigirse en árbitro regulatorio sin contar con campeones tecnológicos propios. Las empresas necesitan energía y protección normativa; los Estados necesitan la tecnología para conservar relevancia militar, económica y operativa. De esa simbiosis nace lo que puede llamarse un complejo industrial-algorítmico.
La asimetría se mide también en personas. Los números globales dibujan una pirámide elocuente: en el vértice, alrededor de un millón y medio de creadores —investigadores e ingenieros que diseñan y entrenan modelos—, apenas un tres por ciento de la fuerza laboral informática mundial; en el estrato medio, unos treinta millones de integradores que orquestan esas herramientas dentro de productos y procesos; en la base, del orden de mil quinientos millones de usuarios, cerca de un quinto de la humanidad. Hay en el mundo siete veces más médicos que especialistas capaces de dominar la arquitectura de un modelo avanzado. Mientras la formación necesaria para construir estos sistemas sigue siendo intensiva y con muy escasa perspectiva humanística, la barrera para usarlos es mínima; la adopción supera con mucho a la capacidad de construcción, y esa distancia es la medida exacta de una dependencia sociotécnica instalada. Quien sólo usa tiene pocas posibilidades de decidir sobre el comportamiento del modelo fundacional (puede que mucho más sobre la forma de aplicar la última milla, pero esto no revierte la ecuación).
La IA dejó así de ser un hallazgo de laboratorio que luego se ofrece a la sociedad: pasó de campo científico-técnico a cuestión de seguridad nacional y de soberanía económica, y sus objetivos ya no son programas estáticos sino metas que se reconfiguran al ritmo de incentivos geopolíticos, expectativas culturales y marcos regulatorios. A esta luz el apocaloptimismo muestra su límite más serio. Su balanza de ánimos —temor y esperanza en dosis equivalentes— se mueve en el plano de los escenarios, mientras la carrera se libra en el de la infraestructura. Ni la amenaza de una inteligencia desbocada ni la promesa de la abundancia dicen quién controla el cómputo, quién fija el estándar y quién queda del lado del cliente. Ambas, además, sirven a la carrera: el miedo justifica acelerar para no quedar atrás; la promesa, acelerar para llegar primero. Desarmar la IA, en el sentido de la encíclica, empieza por negarse a que la urgencia de la competencia dicte el ritmo de la deliberación.
La consecuencia alcanza de lleno a los países que discuten la adopción de estos sistemas sin discutir quién concentra los datos y el cómputo. La encíclica nombra esa concentración como una asimetría epistémica, económica y política, habla sin eufemismos de los nuevos monopolios de la IA y, al invocar la subsidiariedad, exige proteger la capacidad de las comunidades de decidir y corregir «sin relegar su intervención a una vigilancia posterior, una vez que los estándares hayan sido establecidos en otro sitio» (MH, n. 109). Traducido a una provincia, a una escuela o a un hospital: cuando el estándar llega escrito, la discusión ya ocurrió, y ocurrió sin las personas necesarias para ese diálogo.
De ahí se sigue la exigencia que ninguna etiqueta de ánimo puede sustituir, formulada con precisión administrativa y alcance máximo: lo decisivo es «la posibilidad de identificar quién debe rendir cuentas de las decisiones, motivarlas, controlarlas y, cuando es necesario, cuestionarlas y remediar los daños que derivan de ellas» (MH, n. 105). Es una exigencia modesta, porque no pide detener nada; y es máxima, porque obliga a que alguien, con nombre, vuelva a mirar el caso y firme. Un sistema probabilístico no puede asumir la consecuencia de lo que produce; la organización que lo adopta sin prever quién la asume no ganó eficiencia: creó un vacío de responsabilidad.
Eso corrige también el fundamento de la esperanza. Si el optimismo se apoya en escenarios —probabilidades de mercado, métricas, ficciones especulativas—, cualquier fluctuación narrativa alcanza para sostenerlo o para destruirlo. Si se funda en bienes reales, causalmente alcanzables y ordenados a fines humanos, hay algo que discutir con razones: qué capacidades introduce efectivamente una tecnología, en qué instituciones queda integrada y quién responde por sus efectos. Es lo que la encíclica llama «un sano realismo, que evite tanto el idealismo político como el cinismo»: no renuncia a cambiar el mundo, pero empieza por ver con claridad los intereses, los límites y las relaciones de poder, para construir instituciones creíbles y garantías verificables (MH, n. 218).
El catastrofismo y la promesa vacía comparten un vicio de origen: ambos hablan del futuro para no hablar del presente, que es donde las decisiones se toman y donde alguien tiene que firmarlas. Definirse como apocaloptimista no protege de nada; puede incluso ofrecer la comodidad de una postura sensata mientras el rumbo se decide en otra parte. La encíclica deja una advertencia que vale como programa de desarrollo: más poderoso no significa necesariamente mejor, porque «el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto» (MH, n. 93). Hay muchas otras mejores razones para la esperanza, pero para que estas no se vean coartadas, la coyuntura actual de las IAs tiene que responder, con ciencia y perspectiva humanista qué se hace, quién lo hace y quién rinde cuentas.
