“¿Qué, para miserables y excluidos, quieren decir ‘civilidad’, ‘constitución’, ‘estado de derecho’ y ‘democracia’? Para ellos, la verdad, son palabras, palabras que no les hacen casi ninguna diferencia en sus vidas”
(Carlos STRASSER, La razón democrática y su experiencia, 2013, p. 238.)
I. En Ensayos sobre democracia. Homenaje a Carlos Strasser (Editores del Sur, 2023) creí relevante incluir, como uno de los ejes principales del libro, el estudio de la relación entre la democracia y los fenómenos sociales de pobreza, desigualdad y exclusión social. Como la realidad no solo supera la ficción sino cualquier esfuerzo de contenerla teóricamente, nos da ahora nuevos motivos para retomar el punto.
En efecto, mucho se habló de la pobreza en las últimas semanas desde lugares políticos. Aunque, a decir verdad, con notable superficialidad y -por qué no decirlo- con indolencia y subestimación del sufrimiento ajeno. Dos acontecimientos recientes ilustran esta afirmación: por un lado, pocos días antes de finalizar su mandato, el último ex Presidente, Alberto Fernández, hizo una serie de declaraciones desafortunadas -por decir lo menos- acerca de la pobreza en nuestro país. En primer lugar, dijo que “está mal medida”, cuestionando la metodología de encuesta de hogares del INDEC. Luego agregó que “…si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada”. Por si esto fuera poco, remató acusando a la gente de mentir: “[s]i le preguntás a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice ‘tengo un plan’, de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten”.
Por otro lado, el contundente triunfo en el ballotage del ahora presidente de la Nación, en 21 de los 24 distritos electorales (las provincias más CABA), trajo en el dato fino que la fórmula obtuvo altos porcentajes de votos en los centros urbanos y conurbanos de las provincias más pobres del país (por ejemplo, Chaco). Incluso en las provincias donde perdió contra la fórmula oficialista, consiguió porcentajes importantes (por caso, en Santiago del Estero LLA superó el 31% de los votos). Este resultado echó por tierra los análisis previos del voto posible que se centraban en lugares comunes, tales como la dicotomía derecha – izquierda, las visiones acerca de la dictadura militar, la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, entre otros. Parecería, sin embargo, que a medida que nos alejamos de los barrios más acomodados de la Capital Federal y de la autopista General Paz, estas variables pierden fuerza explicativa. Del mismo modo, a la hora de comentar posteriormente el “voto pobre” lo cierto es que los análisis también fueron, en general, demasiado superficiales; calificando el fenómeno sencillamente como “hartazgo” de la gente por no poder llegar a fin de mes. Cosa que, por cierto, es muy real, pero que no por ello deja de ser la simplificación de un problema mucho más profundo, como se espera argumentar brevemente en las líneas que siguen.
II. La pobreza como algo más que bolsillos vacíos
La medición estándar de la pobreza consiste en considerar pobres a quienes por sus ingresos no puedan alcanzar el valor de una determinada canasta de bienes y servicios. Por caso, el INDEC, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), traza la línea de pobreza según si los ingresos tienen capacidad de adquirir un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Para este cálculo, agrega al valor de la denominada Canasta Básica Alimentaria (CBA) una serie de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.), para obtener el valor de la llamada Canasta Básica Total (CBT).
Esta fue la metodología cuestionada -sin ninguna evidencia científica y con mucho prejuicio- por el ex presidente. Ahora, lo cierto es que el dato duro de la pobreza por encima de los 40 % de la población no solo surge de los datos oficiales del INDEC, sino también del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA), uno de los centros de investigación de mayor reconocimiento por su rigurosidad metodológica, no solo en nuestro país sino también a nivel internacional (dicho sea de paso, en Ensayos… también incluimos en su momento una entrevista a su Director, Agustín Salvia, que hoy puede ser leída prácticamente como si hubiese sido escrita ayer).
La cuestión es que el ODSA incluso arrojó valores superiores a los del INDEC. En efecto, el INDEC publicó en septiembre que al primer semestre de 2023 el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza era de un 40,1%, mientras que más recientemente el ODSA publicó en diciembre que esta cifra ascendió al segundo semestre a 41,4 según la EPH del INDEC, y a 44,7% según su propia medición por ingresos, tomada también en relación a la CBT. Asimismo, los niveles de indigencia también fueron medidos en forma coincidente por ambas entidades: el INDEC informó un 9,8% y el ODSA un 9,6% de población. Esa condición extrema contempla a quienes ni siquiera pueden alcanzar los productos para cubrir el umbral mínimo de necesidades alimenticias (energéticas y proteicas) que contempla la CBA.
Pero eso no es todo. Resulta que el ODSA mide la pobreza de una manera mucho más elaborada que la medición por ingresos. Desde un enfoque de derechos, entiende a la pobreza como aquellas privaciones injustas que atentan contra el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida. En la misma línea, el ODSA define lo “injusto” no desde un lugar moral y difuso, sino como afectaciones concretas a derechos constitucionalmente reconocidos. Desde esa visión, introduce los conceptos de pobreza multidimensional y pobreza estructural, que nos permiten apreciar mucho más detallada y profundamente su impacto en los hogares argentinos.
La primera categoría (pobreza multidimensional) engloba a quienes además de encontrarse en hogares pobres por ingresos, también presentan alguna carencia en seis dimensiones específicas de derechos: 1) alimentación y salud; 2) servicios básicos; 3) vivienda digna; 4) medio ambiente saludable; 5) educación; 6) empleo y seguridad social.
Mientras que la pobreza estructural es aquella que se verifica cuando, entre las mismas seis dimensiones de derechos sociales indicadas, hay tres o más carencias (al nivel de privación).
En ese marco, los últimos números del ODSA indican que un 67,1% de la población padece al menos una carencia, el 44,5% dos carencias o más y el 28,2% tres carencias o más (es decir, pobreza estructural). A mayor disgregación de esos datos totales, resulta especialmente acuciante que las dimensiones que registran mayor porcentaje de la población en carencia son las de acceso al empleo y seguridad social (35,7%) y acceso a la alimentación y salud (31,7). Les siguen el déficit en el acceso a servicios básicos (31,4%) y a educación (29,7%). A su vez, el panorama se vuelve terriblemente desesperanzador cuando observamos que el rango etario más afectado por pobreza estructural es el de 0 a 17 años (40%). En el informe arriba referido, el ODSA ofrece detallados gráficos que ilustran estas cifras actuales, además de su evolución durante los últimos 20 años.
Hasta aquí ya podemos presentir, sin demasiada dificultad, que: 1) los más de 40% de pobreza y 9% de indigencia son muy reales, ergo, la Argentina está efectivamente “estallada”; 2) los gobiernos de los últimos 20 años presentan una deficiencia tan estructural como la pobreza en sus políticas públicas, cosa que afecta mucho más que el dinero en el bolsillo de la gente. Lamentablemente, no se acaban ahí las malas noticias, sino que nos quedan todavía asuntos y datos de suma gravedad que ver a continuación.
Cuando Strasser publicó en el año 2000 Democracia y desigualdad (DyD), se esmeró en no analizar la pobreza en forma lineal o aislada, sino de abordar su estudio en distinción e interrelación con otros dos conceptos: desigualdad y exclusión social. Sus proyecciones a futuro fueron especialmente pesimistas en estos últimos dos rubros y, por desgracia, las estadísticas de las últimas dos décadas recabadas por el ODSA le dan la razón. Veamos.
III. No somos iguales en derechos
En cuanto a la desigualdad, las estadísticas también son contundentes, pues aun cuando vimos que los porcentajes de población con carencia en alguna de las dimensiones de derechos económicos y sociales arriba enumeradas es bastante alto, el ODSA también identificó importantes “brechas” entre los Estratos de Nivel Económico y Social (“estratos NES”).
Por empezar, las tasas de pobreza e indigencia -es decir, el riesgo- es para el Estrato NES calificado como “Muy Bajo”, de 68,3% y 18,1%, respectivamente, mientras que para el “Medio Alto” es de 11% y 0,6%.
Estas cifras de pobreza e indigencia, una vez más, se agudizan enormemente para la niñez y la adolescencia: en la población de 0 a 17 años, el porcentaje de incidencia en el estrato NES “Muy Bajo” es de 90,7% y 35,2% respectivamente, mientras que para el estrato NES “Medio Alto” es de 25,2% y 2,3%.
Luego, si volvemos a las seis dimensiones de derechos, se observa que la brecha entre la población de los estratos NES “Muy Bajo” y “Medio Alto” es una diferencia de 67 puntos porcentuales para quienes tienen al menos una carencia (93,5% frente a 26,4) y de casi 60 puntos porcentuales para quienes tienen carencias en tres dimensiones o más (61% en el estrato muy bajo contra 1,2% en el medio alto).
Finalmente, y dado que no todas las carencias son iguales, es de destacar que la dimensión de derechos en la cual las brechas son más pronunciadas es en la dimensión más apremiante de las seis: alimentos y salud. En efecto, del último informe específico sobre pobreza multidimensional del ODSA 2023, se puede extraer que para el estrato NES “Muy Bajo” el porcentaje de inseguridad alimentaria es del 45,1%, el de falta de acceso a atención médica es de 50,3% y el de incapacidad para comprar medicamentos es del 48,4%. En notable contraste, los porcentajes disminuyen drásticamente para el estrato “Medio Alto”, a 2,1% (inseguridad alimentaria), 19,2% (atención médica) y 5,3% (medicamentos). Para quienes deseen consultarlos, en dicho informe pueden encontrarse también los distintos gráficos que elaboró el ODSA para ilustrar estos datos.
En cuanto a la definición técnica de “inseguridad alimentaria”, es nada menos que, por motivos económicos, haber tenido que reducir porciones de alimentos, saltear comidas del día y declarar haber sentido hambre en alguna o varias ocasiones en un año. Pues bien, ahí es donde pega más fuerte la famosa brecha social.
Con estos datos, ninguna duda queda acerca de que, además de tener amplios sectores de su población sumidos en la pobreza, Argentina padece de altos niveles de desigualdad social. Al respecto, Strasser ya había advertido en el cambio de siglo, también con acierto, que un mejoramiento de los estratos sociales más pobres -como el que se brinda con la asistencia social estatal, por ejemplo- no equivale a hablar de mayor igualdad; mientras se mantenga “la brecha” en la distribución de ingresos entre los sectores más pobres y los de mejor pasar económico, la desigualdad permanecerá ahí (DyD, p. 27). Tal como sucede ahora, más de veinte años después de ese vaticinio.
IV. Exclusión social, Estado y democracia liberal
En los apartados previos, mostramos apenas algunas de las múltiples caras de la pobreza y de la desigualdad social. Otras dimensiones, con mucho más para decir, quedan pendientes para otra ocasión (trabajo, educación, seguridad social). No obstante, aún lo poco que fue dicho alcanza para hacerse a la idea de que la pobreza es mucho más que una cuestión monetaria. Y para vislumbrar que la agudización constante de la pobreza y de la desigualdad generan exclusión social. Es decir, estar afuera de todo. No tener nada hoy ni esperanza de tener algo en el futuro; para sí mismos ni para las generaciones que siguen. Aun las pocas estadísticas que vimos líneas arriba sobre pobreza, indigencia, inseguridad alimentaria, y la mayor incidencia en la población de 0 a 17 años, muestran que esta es la realidad desesperante de muchísimas familias argentinas.
Comprender este concepto de exclusión social tal vez ayude a entender mejor los resultados electorales y muchas otras reacciones sociales en democracia, sin caer en análisis simplistas desde lugares cómodos ni en una -cada vez menos solapada- subestimación de los demás.
Argentina está, ciertamente, al borde del abismo. Y aunque parezca una verdad de Perogrullo, hay que decir que cualquier cambio significativo o reversión de esta realidad social solo sería posible desde la adopción de políticas públicas estatales. De allí que, así como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social son mucho más que el ejercicio numérico de “contar plata”, tampoco se trata de “más Estado” o “menos Estado” sino de un “mejor Estado”, entendiendo por tal cosa a un Estado que verdaderamente abrace a la democracia liberal. No tenemos que inventarla ni buscarla demasiado lejos; ya la tenemos escrita en nuestra Constitución Nacional.
Sería provechoso aceptar que la democracia es algo más que un momento electoral y algo más que “debatir” en la academia, en los bares o en la calle; es (para parafrasear una vez más a Strasser) un régimen de gobierno del Estado, con todas las letras. Necesitamos que sea nada menos que el artefacto por antonomasia para tomar las decisiones de políticas públicas.
En cuanto a lo liberal, mi referencia (y preferencia) es, por supuesto, al liberalismo “en el buen sentido de la palabra”; nada de esas nociones simplistas que abundan por estos días de libre mercado con un Estado neutral o ciego-sordomudo. Sino que me refiero a un liberalismo político, bien a la Benjamin Constant, que contemple mecanismos institucionales para repeler a cualquier forma de autoridad política ilimitada; que implique la protección a ultranza del Estado de derecho y, con ello, de los derechos, garantías y libertad civiles y políticas constitucionalmente reconocidos.
